Latinos en 2011, un año para olvidar (ANALISIS)

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Se va el 2011 y para los latinos en Estados Unidos es un año para olvidar.

No nos fue bien. Los hispanos han sufrido de lo mismo que el resto de la población: insistente desempleo, incertidumbre política y un hondo desánimo. Pero como grupo, los latinos sufren más: según el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, el mes pasado, cuando la tasa de desempleo nacional era del 8.3%, era del 11.4% para los hispanos.

Y mientras que para los soldados que vuelven de Irak la cesantía llega a 11.4%, para hispanos (y negros) es mucho mayor, 14%.

Pero especialmente, el año 2011 vio un descenso en las perspectivas de influencia política de los hispanos. Ni sus representantes ni sus simpatizantes pudieron detener un flujo de noticias negativas.

En el plano federal, la administración Obama, cuidadosa de no enajenar a potenciales votantes blancos e independientes, evitó el tema de la reforma migratoria como si fuese la lepra. La promesa electoral de una ley que proporcione una vía a la ciudadanía para muchos de los 11 millones de indocumentados durante su primer año de gobierno se esfumó entre nubes de realidad y excusas.

deportacion inmigrantesParalelamente, Washington siguió deportando indocumentados en números récord. Así, mientras que en 2009 fueron 389,834, en 2010 392,862, y en noviembre de 2011 llegó a 396,606, sobrepasando este año los 400,000 por primera vez en la historia.

Un podría imaginarse que hay tanto furor anti inmigrante en el país que el gobernante simplemente no puede resistirlo y que a ello se debe su esmero. Pero las últimas encuestas de opinión pública señalan lo contrario. Según un sondeo de Fox News de noviembre, 63% de la población favorece incrementar el número de inmigrantes legales; 66% ve positivamente la vía a la ciudadanía como solución y sólo 19% favorece las deportaciones. En una encuesta de Time de julio, el 62% se opuso a una enmienda constitucional que prohibiría que hijos de inmigrantes sean ciudadanos. Por otra parte, en otros sondeos casi el 90% de la población considera la inmigración como una cuestión muy seria o seria, mientras que en todas las otros temas migratorios el público está casi matemáticamente dividido.

Interrogado por quien firma respecto al récord de deportaciones el presidente Barack Obama me dijo a fines de septiembre que: “Las estadísticas son de hecho un poco engañosas, porque lo que hemos estado haciendo es que con la aplicación más fuerte de las leyes hemos capturado gente en la misma frontera y la hemos enviado de regreso. Esto lo cuentan como una deportación aunque la persona haya estado aquí por un día o por 48 horas”.

Sin embargo, la práctica a la que Obama aludía, “expedited removal” no es nueva: data de 1996 con la ley llamada IIR-IRA. Es decir, esa manera de contar existe desde hace muchos años.

Indudablemente, para la Casa Blanca es difícil explicar cómo puede ser al mismo tiempo paladín de la promesa de reforma y quien instituyó la práctica más represiva para inmigrantes en las últimas décadas.

Como corolario, esta política, relata Ray Sanchez en el Huffington Post, “ha dejado a aproximadamente 5,100 niños languideciendo en casas de crianza, un número que podría triplicarse en los próximos años”.

El aumento de deportaciones junto con la omisión de una reforma migratoria, que sí apoya verbalmente, le costó a Obama este año una merma adicional en su popularidad entre hispanos. Así, como escribí en el Huffington Post, mientras que poco después de asumir el puesto lo apoyaba el 85% de ellos, el porcentaje bajó a 62% en junio y a 56% en la actualidad.

Para recuperar al menos un 65% del voto latino que recibió en 2008 (contra solo 43% del voto de los blancos), algo necesario para su reelección, la Casa Blanca se ha dedicado ultimamente a mejorar relaciones con la comunidad, conceder entrevistas a medios latinos y organizar reuniones con sus líderes. Pero los esfuerzos, por el momento, parecen cosmeticos, gestos de amabilidad y genuina buena voluntad. Con cierta razón, la administración explica que tiene las manos atadas por la obstinada oposición republicana en el Congreso a una reforma migratoria.

Pero, desde aquí, no se está viendo que forcejee para liberar esas manos.

Este año, más que antes, la política federal o estatal respecto a la inmigración y otros temas fue un reflejo de la campaña electoral. Los republicanos, de manera disciplinada, cumplieron una decisión de impedir su propia crisis interna – entre el ala de extrema derecha y los llamados moderados – mediante un combate total y absoluto contra la figura de Obama. La historia política, económica y social del país en 2011 fue un reflejo de este enfrentamiento, y el tema de los latinos y la inmigración no pudo ser ajeno a ello.

Eso explica el porqué en 2011 como en 2010, lo que no le deparó a los latinos el gobierno federal lo siguieron haciendo los gobiernos estatales en manos republicanas.

De hecho, la actitud republicana en torno a los latinos es el reverso de la de Obama. Para él y los demócratas, se trata de un tema divisivo. Tocarlo crea el riesgo de perder el imprescindible voto de los independientes. Para el GOP, la hostilidad a los indocumentados es en cambio un factor de unidad.

Por eso, ni unos ni otros combatieron el ambiente político xenófobo y nativista que siguió desarrollándose, expandiéndose, tal como se refleja en los múltiples debates entre los candidatos presidenciales republicanos y anunciando su triunfal retorno a la escena del mainstream público.

Sí, un retorno, porque aunque Estados Unidos es un país de inmigrantes, se dedicó históricamente a controlarla con base en ideas supremacistas o racistas. Entre 1790 y 1870 se excluía a asiáticos, negros y mujeres a menos que vengan con marido o padre. Entre 1882 y 1943 estuvo prohibida la inmigración de chinos. En 1924 se establecieron cuotas migratorias para detener a inmigrantes italianos, polacos, rusos y judíos y prohibir acceso a árabes, hindúes y gente del Lejano Oriente. Reemplazadas las cuotas por la ley general de 1952, ésta impidió entrar a gente como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Carlos Fuentes. Con el tiempo, partes de estas leyes fueron enmendadas y democratizadas.

En 2011, lo que no hizo el gobierno federal en materia de inmigración trataron de hacer varios estados, a pesar de que es legalmente, de exclusiva jurisdicción federal. Para septiembre de este año, existían leyes antimigratorias en Arizona, Alabama, Indiana, Georgia, South Carolina y Utah, y otras se hallan en proceso de legislación.

De todas, la SB1070 de Arizona, considerada modelo del resto, siguió siendo este año objeto de resistencia por parte de instituciones y activistas hispanos. Pero, la más severa y controversial ha sido la AB56 de Alabama. Básicamente, todas estas leyes autorizan a las policías estatales arrestar a quien crean que son indocumentados, les niegan ciertos derechos y fondos para la educación, el trabajo, vivienda o la salud pública, al punto que exigen de directores de escuela las listas de niños “ilegales”.

Todas estas leyes han sido demandadas en tribunales y partes de ellas ya declaradas inconstitucionales por los jueces.

Ante el ininterrumpido frenesí antiinmigrante, se podría también pensar que el nivel de cruces ilegales en la frontera con México sigue siendo alto y que es eso – el fantasma demográfico – lo que asusta a la clase política. Pero en realidad los cruces han decaido a los niveles más bajos desde la presidencia de Nixon, en alrededor de 70%.

Muchos menos vienen, quienes cruzan pagan mucho más y al llegar no encuentran empleo.

Ahora, el año termina como empezó, sólo que más cerca de las elecciones nacionales. La campaña promete seguir siendo divisiva y en ella, el tema migratorio es ya protagonista en las elecciones primarias entre los republicanos, que compiten por quién será el que más indocumentados deportará si llega a ser presidente. Si uno de ellos llegara a ganar, tendrá que superar los números récord que estableció Barack Obama.

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